Por / José Amador
¿De qué sirve bajar el volumen, si la violencia sigue gritando más alto?
En la República Dominicana, el debate sobre la seguridad ciudadana vuelve a encenderse, pero no precisamente por las decisiones correctas. Desde su llegada al Ministerio de Interior y Policía, Faride Raful ha centrado gran parte de su gestión en la incautación de bocinas a negocios y vehículos, bajo el argumento de que el control del ruido contribuirá a reducir la delincuencia. Sin embargo, la realidad en las calles cuenta una historia muy distinta.
Lo que sí mata es la violencia descontrolada, la falta de autoridad efectiva y la impunidad. Y eso quedó trágicamente evidenciado con el asesinato de David Carlos Abreu Quesada, un trabajador que no solo fue perseguido por un grupo de motoconchistas tras un incidente de tránsito, sino que además buscó ayuda en un destacamento policial sin recibir la protección que necesitaba.
No estamos ante un simple hecho de violencia urbana: estamos ante un posible fallo institucional. Un ciudadano pidió auxilio, alertó que su vida corría peligro, y aun así el sistema no respondió. Luego fue brutalmente atacado hasta perder la vida. Ese no es un problema de ruido. Es un problema de seguridad pública.
Mientras tanto, la narrativa oficial parece desviarse hacia operativos contra bocinas, como si el volumen de la música fuera el detonante del crimen. Esa desconexión entre las políticas implementadas y la realidad que vive la población genera frustración, indignación y, sobre todo, desconfianza.
Porque la gente no está pidiendo menos ruido: está pidiendo más seguridad.
El caso de Abreu Quesada ha provocado un reclamo nacional que no puede ser ignorado. No basta con arrestos posteriores ni con comunicados institucionales. La ciudadanía exige prevención, presencia policial efectiva y respuesta inmediata ante situaciones de riesgo. Exige que cuando alguien entre a un destacamento gritando “¡me quieren matar!”, no salga solo a enfrentar su destino.
Enfocar recursos en decomisar bocinas puede tener valor en términos de convivencia, pero no sustituye una estrategia integral contra la violencia. El problema no es el sonido: es la ausencia de control real en las calles.
Si las autoridades no ajustan sus prioridades, seguirán atacando síntomas mientras la enfermedad avanza.
Y mientras tanto, los ciudadanos seguirán preguntándose lo mismo:
¿de qué sirve bajar el volumen, si la violencia sigue gritando más alto?
