Por José Amador
Director del Periódico Alta Gama
La llamada reforma policial se ha vendido como uno de los grandes logros del presente gobierno. Se le han invertido millones en formación, equipos, modernización de cuarteles y reestructuración institucional. Sin embargo, la cruda realidad que se vive en las calles nos demuestra que, lejos de avanzar, hemos retrocedido más de 25 años en materia de derechos ciudadanos y control institucional.
¿De qué reforma hablamos cuando los métodos represivos de la Policía Nacional se parecen cada vez más a los de los años 90? ¿Cómo se puede hablar de respeto a los derechos humanos mientras vemos redadas indiscriminadas, detenciones sin causa, camionetas repletas de jóvenes apresados solo por el “delito” de estar en la calle después de cierta hora?
Las famosas “redadas” policiales, que se suponía eran parte de un pasado vergonzoso, han vuelto con fuerza bajo el disfraz de “operativos preventivos”. Pero no hay prevención cuando se actúa sin protocolo, sin depuración, sin respeto alguno al derecho constitucional de libre tránsito. A muchos ciudadanos se les arresta sin razón, sin explicaciones, simplemente con la arbitraria frase: “Usted está preso”. ¿Eso es lo que entendemos por reforma?
La reforma policial se convierte en una mentira cada vez que una patrulla se lleva a un ciudadano sin justificación. Es una burla cuando se ignora la presunción de inocencia, y se criminaliza la juventud, especialmente en los sectores populares. Mientras tanto, el verdadero crimen —el organizado, el de cuello blanco, el del narcotráfico— sigue operando a plena luz del día.
No se trata de negar la necesidad de una policía firme, con autoridad, pero sí de exigir que esa autoridad se ejerza dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos fundamentales. No podemos seguir permitiendo que la inseguridad se combata con más miedo, con arbitrariedades y abusos, como si estuviéramos en estado de sitio permanente.
Como director del Periódico Alta Gama, hago un llamado urgente al gobierno, al Ministerio de Interior y Policía, y a la propia Dirección de la Policía Nacional: dejen de mentirle al país. La reforma no es real mientras las prácticas sigan siendo las mismas de hace dos décadas. No es reforma si los ciudadanos honestos son tratados como delincuentes.
Una sociedad que aspira al desarrollo no puede tolerar una policía sin control, sin transparencia, y sin compromiso genuino con el respeto a los derechos humanos. La seguridad ciudadana no puede construirse sobre los cimientos podridos del abuso y la impunidad.
Ya basta de simulaciones. La República Dominicana merece una reforma policial auténtica, no un retroceso encubierto.
