“El comunicador afirma que la Pepca debe aclarar quién permitió que Maxy Montilla se beneficiara con contratos millonarios en perjuicio del Estado.”
Santo Domingo. – El comunicador y director del periódico Alta Gama, José Amador, afirmó que el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, tiene la obligación de explicar al país quién protegió y facilitó que Maxy Montilla lograra distraer miles de millones de pesos del Estado dominicano a través de procesos irregulares de contratación.
Amador cuestionó el rol de los responsables de la persecución penal en este caso, luego de que el expresidente Danilo Medina se desligara públicamente de su cuñado Maxy Montilla, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla de Medina.
Medina aseguró que nunca tuvo relación con las operaciones empresariales de Montilla y que incluso se opuso al acuerdo firmado por este con el Ministerio Público.
“Si Danilo Medina, como expresidente, afirma que no ayudó a su cuñado a beneficiarse con fondos del Estado, entonces el país merece saber quién lo hizo. Wilson Camacho, como titular de la Pepca, está obligado a dar esa respuesta”, subrayó Amador.
El comunicador recordó que Montilla Sierra aceptó un acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), avalado por el Poder Judicial, que incluye el decomiso y pago de más de 3,000 millones de pesos en efectivo, indemnizaciones y bienes inmuebles.
“Ese pacto demuestra que hubo maniobras que causaron graves daños al patrimonio público. Lo que no puede quedar en el aire es la pregunta de quién lo protegió y cómo logró alcanzar esa magnitud de operaciones sin freno durante años”, agregó Amador.
El director del periódico Alta Gama insistió en que el Ministerio Público debe actuar con total transparencia y dejar claro a la ciudadanía cuáles actores públicos o privados facilitaron que Montilla Sierra manejara contratos millonarios con las distribuidoras eléctricas en violación a las leyes de contratación estatal.
“Este caso no puede cerrarse solo con un acuerdo económico. La sociedad dominicana exige saber quiénes fueron los cómplices”, puntualizó Amador.
