Por: José Amador/ Director del periódico Alta Gama
La necesidad de acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en los gobiernos locales
El reciente pronunciamiento del presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), Robert Arias, respecto a la obligación de los Concejos de Regidores de acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que condenan a los síndicos de La Romana y Jaquimeyes, es una muestra clara de la importancia del respeto a la institucionalidad en los gobiernos locales.
En muchas ocasiones, los intereses personales o partidarios priman sobre el bienestar de la ciudadanía y la legalidad de las decisiones tomadas por las autoridades locales. Sin embargo, es necesario recordar que las leyes y las sentencias judiciales están por encima de cualquier interés particular y que es responsabilidad de las autoridades acatarlas y hacerlas cumplir.
El Artículo 43 de la Ley 176-07 establece las causas por las cuales se pierde la condición de alcalde, entre ellas, la condena penal por delitos que impliquen la pérdida de la confianza pública. Es decir, que cuando un síndico es condenado por la justicia, pierde automáticamente su cargo, sin necesidad de una destitución formal por parte del Concejo de Regidores.
Por otro lado, el Artículo 44 establece que el Concejo de Regidores tiene la facultad de suspender al síndico en caso de violación de la ley o de las normas éticas, previa autorización de la Secretaría de Estado de Interior y Policía. En este caso, la suspensión puede ser temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.
Es importante destacar que estas disposiciones están enmarcadas en la legalidad y en el respeto a la institucionalidad, y que su cumplimiento es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los gobiernos locales y para que los ciudadanos puedan confiar en sus autoridades.
