Editorial: Una medida que podría costar vidas
Por José Amador, Director de Alta Gama
El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior y Policía, liderado por Faride Raful, ha lanzado una cruzada contra el ruido y las fiestas nocturnas. Según la ministra, el consumo de alcohol y las reuniones hasta altas horas están directamente relacionadas con la delincuencia y las muertes en accidentes de tránsito, datos que, si bien pudieran ser válidos, no justifican las acciones arbitrarias que hemos estado presenciando.
Los operativos de la Policía Nacional para incautar bocinas en medio de celebraciones comunitarias o familiares han sido ejecutados de manera abrupta y, en muchos casos, abusiva. Docenas de videos circulan en las redes sociales mostrando enfrentamientos entre ciudadanos y agentes policiales, alimentando la indignación colectiva. Es evidente que la forma en que estas incautaciones se están llevando a cabo no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que además amenaza con generar conflictos peligrosos.
Nuestro mayor temor no radica en la medida en sí, sino en su posible desenlace. ¿Qué pasará el día que un dominicano pierda la vida a manos de un policía por defender su bocina o simplemente resistirse a una incautación? Ese escenario no solo marcaría un trágico precedente, sino que pondría en evidencia la desconexión del gobierno con el sentir ciudadano y la incapacidad de sus funcionarios para prever las consecuencias de sus políticas.
No podemos ignorar que la problemática del ruido en el país requiere una solución. Sin embargo, la obsesión con silenciar a la República Dominicana no puede venir acompañada de acciones que pongan en peligro la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Si el propósito es reducir los índices de violencia y accidentes de tránsito, las autoridades deben priorizar la educación, el diálogo y el respeto a los derechos fundamentales de los dominicanos.
La Policía Nacional, bajo las órdenes del Ministerio de Interior y Policía, debe ser un garante de la seguridad ciudadana, no una fuente de miedo o confrontación. Es necesario que se establezcan protocolos claros y transparentes en la ejecución de estos operativos, garantizando el respeto al debido proceso y evitando el uso excesivo de la fuerza.
El gobierno tiene la responsabilidad de repensar esta estrategia antes de que sea demasiado tarde. No se trata de justificar el irrespeto a las leyes, sino de evitar que la arbitrariedad y la falta de previsión conviertan una medida correctiva en una tragedia nacional.
La República Dominicana merece medidas firmes, sí, pero también justas, humanas y respetuosas. De lo contrario, el costo de este tipo de políticas será más alto del que el país está dispuesto a pagar.
José Amador
Director General de Alta Gama
