La empresaria y comunicadora Claudina Pérez Ramírez, mejor conocida como La Tora, acusó a la plataforma radial Kapicúa Radio Show de emitir comentarios difamatorios contra su persona.

Mediante acto de alguacil, La Tora, a través de su abogado Francisco Familia, emplazó a Chanel Leguizamón, uno de los panelistas del medio digital, así como también a la misma plataforma mediática, a presentar las evidencias sobre los presuntos actos de chantaje y extorsión que, según se afirmó, habría cometido la comunicadora contra funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader.

En la misma notificación, el representante legal de Claudina Pérez otorgó un plazo de un día franco a la emisora radial y a Chanel Leguizamón para reparar el daño moral que, según el documento, le fue ocasionado a La Tora, al afirmar que ella es responsable de chantajes y extorsiones en perjuicio de ciudadanos o funcionarios de esta o de otra gestión presidencial.
Bajo el título de Acto de Advertencia y Puesta en Mora, con la serie 555/25 y de fecha 21 de mayo de este año, La Tora, mediante su abogado, indicó al equipo de Kapicúa Radio Show y al mismo Leguizamón que solo cuentan con el plazo de un día franco para presentar las pruebas de los supuestos chantajes, o retractarse públicamente de lo que fue calificado como actos de infamia, difamación e injuria.
Por medio del acto de alguacil, la también propietaria del canal La Tora TV especificó que, de negarse a presentar las evidencias pertinentes o a rectificar públicamente los alegados comentarios dañinos a los que su abogado hace referencia, tanto la empresa como Leguizamón serán sometidos a la acción penal por supuesta violación a varios artículos de la Ley número 53-07, sobre delitos de alta tecnología.
En la notificación, entregada por el alguacil Eddy Guzmán, Familia advirtió a Chanel Leguizamón y a Kapicúa Radio Show que, de no acogerse a lo solicitado en el documento legal y en el plazo citado, no habrá lugar a conciliación entre las partes. Igualmente, indicó que el proceso sería continuado en la jurisdicción penal del Distrito Nacional.




















