Editorial: Este país necesita ser educado, no maltratado
Por José Amador, Director del Periódico Alta Gama
Combatir el desorden y reducir los niveles de ruido es una necesidad en la República Dominicana. Todos los ciudadanos de bien desean vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, y respaldamos plenamente los esfuerzos del Ministerio de Interior y Policía, liderado por Faride Raful, para restaurar el orden. Sin embargo, lo que hemos presenciado hasta ahora no es una lucha eficaz contra el ruido, sino una serie de acciones que parecen más un maltrato al pueblo dominicano y a sus negocios.
No vemos nada legal ni justo en que agentes policiales lleguen a un establecimiento comercial, confisquen equipos de sonido sin previo aviso, sin mediación alguna y, lo más alarmante, sin un proceso claro de registro o entrega de recibos. Esta forma de actuar no solo es arbitraria, sino que abre la puerta a la corrupción y a la desaparición de equipos que, en muchos casos, han sido comprados de manera lícita y con gran esfuerzo por parte de los dueños de negocios.
Lo que procede, en un país regido por el estado de derecho, es que las autoridades actúen bajo un marco legal y transparente. La solución no es atropellar a los pequeños comerciantes, sino educar y regular de manera efectiva. Un procedimiento correcto sería el siguiente:
Que las autoridades lleguen al establecimiento con un medidor de decibeles para demostrar que el ruido excede los límites permitidos por la ley.
Que se le imponga una multa justa al propietario, de 3,000 a 5,000 pesos, como advertencia inicial.
Que se le notifique que, de reincidir, la multa será considerablemente mayor, ascendiendo a 20,000 pesos o más.
En caso de una tercera infracción, se proceda al decomiso de los equipos, pero siempre bajo un proceso debidamente documentado, donde el propietario tenga el derecho de defenderse legalmente.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que patrullas policiales lleguen a un negocio, confisquen las bocinas sin explicación ni protocolo, y las personas no sepan qué ocurre después con esos equipos. La falta de recibos o de transparencia en el manejo de estos procedimientos no solo genera desconfianza, sino que alimenta las sospechas de corrupción y abuso de poder.
Combatir el desorden no significa atropellar a los ciudadanos. Este país necesita educación, respeto a las leyes y procedimientos claros que permitan a los ciudadanos defenderse si consideran que sus derechos han sido vulnerados.
La paz y la tranquilidad son derechos fundamentales, pero su búsqueda no puede convertirse en una excusa para el abuso ni en una carga desproporcionada para los pequeños comerciantes. Hacemos un llamado a las autoridades para que revisen y regulen estos operativos, de modo que cumplan con el objetivo de garantizar el orden, pero siempre dentro de un marco legal y respetuoso.
En Alta Gama, apoyamos el control del desorden, pero siempre bajo el principio de respeto y justicia. Combatir el ruido no puede ser sinónimo de maltratar al pueblo.
