Por José Amador, director del Periódico Alta Gama
La reciente auditoría médica que reveló irregularidades en la facturación del Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto-Juvenil y la Familia (CIADIF) ha destapado una verdad más profunda y preocupante: el abandono institucional que enfrentan cientos de familias dominicanas con hijos en el espectro autista. Más allá del conflicto contractual entre un centro privado y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), lo que realmente debe alarmarnos como sociedad es la falta de cobertura para terapias especializadas fundamentales para el desarrollo de estos niños.
En República Dominicana, el Plan de Servicios de Salud (PDSS) contempla apenas lo básico: diagnóstico y consultas médicas. Pero ¿de qué sirve un diagnóstico si no se garantiza el tratamiento? ¿Qué sentido tiene identificar una condición si luego el Estado se lava las manos? Las terapias psicológicas, del lenguaje, ocupacionales y de habilitación no son un lujo, son una necesidad. Son, en muchos casos, la diferencia entre que un niño con TEA pueda comunicarse con su entorno o no, entre que tenga una vida funcional o quede marginado.
La Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastornos del Espectro Autista no deja lugar a dudas: estas terapias deben ser cubiertas por SeNaSa y las ARS. Entonces, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Por qué seguimos en pañales mientras las familias se endeudan, improvisan o simplemente se rinden ante un sistema que les da la espalda?
Desde Alta Gama, respaldamos la solicitud de SeNaSa de realizar un estudio actuarial. Pero también exigimos que este no sea otro documento archivado en el olvido burocrático. Las cifras deben traducirse en políticas públicas concretas. No se trata de viabilidad financiera, se trata de voluntad política. El dinero del sistema de seguridad social debe estar al servicio de quienes más lo necesitan, y pocas causas son más justas que la de los niños con condiciones del neurodesarrollo.
Este es el momento de actuar con firmeza. El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), la SISALRIL y el Ministerio de Salud Pública tienen en sus manos una decisión trascendental. No estamos hablando de ampliar un catálogo de servicios. Estamos hablando de devolverle la esperanza a miles de familias. De hacer cumplir una ley. De construir un país más humano.
Como director del periódico Alta Gama y como ciudadano comprometido con las causas sociales, hago un llamado enérgico y respetuoso a las autoridades responsables: no más dilaciones. Ampliar la cobertura para incluir terapias especializadas para niños con TEA no es solo un acto de justicia. Es una deuda moral que el Estado dominicano debe saldar, y el momento de hacerlo es ahora.
