Por José Amador, Director del Periódico Alta Gama
Los cargos públicos no son premios ni privilegios; son responsabilidades temporales que exigen compromiso, transparencia y cercanía con la gente. Con la reciente renovación del gabinete, el país observa cómo algunos funcionarios dejan sus puestos con dignidad y reconocimiento, mientras otros se marchan en medio del descrédito y el rechazo ciudadano.
La historia nos ha enseñado que el poder mal ejercido deja huellas imborrables. Quienes gobiernan desde la soberbia, la prepotencia y el desprecio por las necesidades del pueblo, terminan condenados al olvido o, peor aún, al desprecio de la sociedad. No es la oposición ni la prensa la que los castiga, sino la memoria colectiva de un pueblo que no perdona el irrespeto ni la ineficiencia.
El mayor error de muchos funcionarios es rodearse de aduladores, perder el contacto con la realidad y olvidar cual es su rol. Cuando son destituidos, enfrentan una dura verdad: el cargo se va, pero el juicio del pueblo permanece. Quienes actuaron con responsabilidad serán recordados con respeto; quienes fallaron por arrogancia e incompetencia, serán relegados al zafacón de la historia.
La política ha cambiado, y con ella, las exigencias ciudadanas. Ya no basta con promesas y discursos vacíos; la sociedad demanda acciones concretas, cercanía y resultados tangibles. Aquellos que entiendan esta nueva realidad podrán construir un liderazgo duradero. Los que no, quedarán en el pasado, convertidos en una lección de lo que no debe repetirse.
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